Feminismos. Cada dos horas una mujer es víctima de femicidio en América Latina y el Caribe

Resumen Latinoamericano, 15 de enero de 2024.

Así lo indica la Cepal en su último informe, que advierte sobre la “persistencia y gravedad” de la violencia femicida en la región y señala a Uruguay como uno de los países con la tasa más alta.

Los avances en el combate a la violencia de género son notorios en muchos países de América Latina y el Caribe: legislaciones integrales en la materia, mayor conciencia social sobre la problemática, avances en la sistematización y el seguimiento de los casos, incremento de la producción de conocimiento académico para entender el fenómeno y, así, tomar mejores decisiones de política pública. Sin embargo, las cifras revelan que pese a esta evolución –que tiene sus raíces en el impulso de los feminismos–, la violencia femicida en la región no desciende.

Esta es la conclusión principal a la que llega Violencia feminicida en cifras, el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que asegura que en 2022 unas 4.050 mujeres fueron víctimas de femicidio en 26 países de la región, lo que significa que, en promedio, una mujer fue asesinada por razones de género cada dos horas. “Esto muestra la persistencia y gravedad del femicidio en la región”, apunta el documento, cerrado en noviembre de 2023 y que se basa en los datos más recientes informados por organismos oficiales al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

El análisis de los 19 países de América Latina que brindaron información muestra que Uruguay es el tercer país con la tasa más alta de femicidio (1,6 femicidios cada 100.000 mujeres), un puesto que comparte con El Salvador, y que sólo está precedido por República Dominicana (2,9) y Honduras (6,0). En contrapartida, las tasas más bajas se presentan en Puerto Rico, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Chile y Cuba.

Uruguay es también uno de los 12 países que han mantenido las cifras entre 2019 y 2022 –es decir, sin incrementos ni descensos evidentes–, una lista que completan Paraguay, Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Chile, México y Argentina. En tanto, Honduras, Puerto Rico y República Dominicana registraron un aumento del indicador en esos cuatro años. El informe detalla que sólo tres países –Bolivia, Guatemala y El Salvador– disminuyeron las tasas de femicidio en ese período estudiado.

“No es posible determinar una tendencia al aumento o la disminución de las tasas de femicidio o feminicidio en cada país, ya que las variaciones son pequeñas y no reflejan un incremento o reducción del fenómeno […] La información disponible da cuenta de la persistencia del femicidio, a pesar de la mayor conciencia pública al respecto, los avances en la medición de los casos y la respuesta estatal”, afirma la Cepal.

Por otra parte, el documento distingue “diferencias importantes” cuando se analizan los femicidios según cuál era el vínculo entre víctima y victimario. En ese sentido, entre los 13 países de América Latina que cuentan con esa información desagregada, se pueden identificar tres grupos: países que registraron 75% o más de femicidios perpetrados por parejas o exparejas (Chile, Puerto Rico y Ecuador); los que registraron entre 50% y 75% (Uruguay, Argentina, Costa Rica, Colombia, Panamá y Brasil); y aquellos en los que ese vínculo existía en menos de la mitad de los casos (El Salvador y República Dominicana).

En cuanto a las edades, más de 70% de las víctimas tenía entre 15 y 44 años, según los datos de los ocho países que entregaron información al respecto. Para la Cepal, “llama la atención” que 4% del total de las víctimas sean niñas y adolescentes de menos de 15 años. Y un dato que debería encender las alarmas en nuestro país: en Uruguay, así como en Panamá, el peso relativo de las muertes de niñas representa 10% o más del total de casos.

“La violencia femicida se puede prevenir”

En otro de los apartados, la Cepal asegura que “la violencia se puede prevenir con respuestas estatales robustas y contundentes”, y plantea algunas recomendaciones en esa dirección.

Así, el informe menciona la importancia de “establecer un sistema para recabar, analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer”, para que, a través de su análisis, se puedan “identificar errores en la protección” de las mujeres y que esto sirva “para mejorar y seguir desarrollando medidas de prevención”.

En términos de información, el organismo regional pone énfasis en relevar si había o no un historial de denuncias previas por parte de las víctimas, en el entendido de que es un dato que “contribuye al diseño de políticas públicas con intervenciones focalizadas para prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de alto riesgo, como las alertas tempranas para valorar el riesgo feminicida”. Y lamenta que sólo tres de los países analizados den cuenta de la existencia de denuncias previas de violencia o de medidas cautelares en los registros oficiales: Argentina, Chile y Uruguay. En nuestro país, 37% de las mujeres que fueron víctimas de femicidio en los primeros diez meses de 2023 había realizado denuncias previas, según las estadísticas del Ministerio del Interior.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de las medidas de reparación implementadas por los estados para proteger a las “víctimas indirectas”, en particular “niñas, niños y adolescentes menores de 18 años y otros dependientes que se encuentren bajo el cuidado de las víctimas de femicidio”. Sólo ocho países de América Latina tienen marcos legales y políticas públicas reparatorias en este sentido: Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y también Uruguay, que en 2011 aprobó la Ley 18.850 de Pensión Mensual y Asignación Familiar Especial para Hijos de Víctimas Fallecidas por Violencia Doméstica.

La Cepal también asegura que es “fundamental” que los estados “aumenten los recursos presupuestarios de políticas públicas que atiendan de manera integral a las víctimas y sobrevivientes de la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones y ámbitos en que se produce, e inviertan en la prevención efectiva, fortaleciendo la valoración del riesgo y las medidas de protección y reparación efectivas para las víctimas, su acceso a los servicios médicos, psicosociales y de asistencia jurídica, entre otros, y a oportunidades educativas, económicas y laborales”.

FUENTE: Diario Digital Femenino