Argentina. Un grupo de jueces se sube a la ola de la “memoria completa” de Milei y Villarruel

Por Liliana Bertoia / Página 12/ 27 de marzo de 2025.

Javier Milei consiguió un guiño del Poder Judicial en uno de los temas más inesperados: el afán de su gobierno por presentar las acciones de la guerrilla de los años ‘70 como crímenes de lesa humanidad –equiparándolos con la maquinaria de tortura, muerte y desaparición que puso en funcionamiento, por entonces, el Estado argentino. La influyente Lista Bordó, que gobierna la Asociación de Magistrados y tiene como referentes, entre otros, a Mariano Llorens y Diego Barroetaveña, se sumó a la ola oficial y llamó a analizar “los aún no visibilizados hechos de la historia reciente”.

A última hora del lunes 24 de marzo, un mensaje empezó a compartirse con cierta incredulidad en algunos chats de funcionarios judiciales. Era un comunicado de la Lista Bordó por el Día de la Memoria.

–Chequealo– aconsejaba un fiscal, que no podía creer lo que leía.

“En esta fecha, afirmamos nuestro compromiso como personas de derecho y miembros del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos de reflexionar y analizar en toda su dimensión los penosos, graves y aún no visibilizados hechos de la historia reciente de nuestra querida república, sólo de esta manera podremos honrar a todas las víctimas de aquellos tiempos violentos y darles la posibilidad a las próximas generaciones de un mejor presente y futuro y una sólida institucionalidad”, escribieron.

Es curioso que la Bordó haya salido a pronunciarse. No lo había hecho el año pasado, según puede comprobarse en su web. La posición pública se inscribe en un contexto particular en el que el Gobierno de Milei pretende dar vuelta la taba de la política de juzgamiento en la Argentina.

Horas antes de que empezara a circular el comunicado de la Bordó, el Gobierno había difundido un monólogo del politólogo Agustín Laje, que funge como intelectual orgánico de La Libertad Avanza (LLA). Laje había caracterizado como una “guerra” lo que sucedió en los ‘70 en la Argentina e insistido en que las desapariciones comenzaron antes del 24 de marzo de 1976 como si eso exculpara a los personeros de la dictadura.

Después, llegó el anuncio del vocero Manuel Adorni de que el gobierno enviaría la documentación en poder de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación (AGN) en lo que se sospecha como un gesto para apuntalar la idea de que hubo dos demonios y que solamente uno se sentó en el banquillo de los acusados.

En esa misma línea, Adorni anticipó que el Gobierno había firmado un acuerdo de solución amistosa con la familia del capitán Humberto Viola, que fue asesinado en diciembre de 1974 junto a su hijita María Cristina en una acción que había lanzado el PRT-ERP contra militares por el fusilamiento de catorce combatientes de la organización. La justicia de la dictadura condenó a quienes consideró los asesinos de Viola, a quienes les arrancó confesiones bajo tortura e hizo firmar declaraciones sin leer. Cuando se reabrieron las causas contra los represores, la familia intentó hacer lo mismo con la causa como una forma de defender el “uniforme”. Como no tuvo éxito, en 2016 llevó el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que nunca declaró la admisibilidad del caso y ahora tendrá que decidir si homologa lo que firmó la familia Viola con el Estado argentino. Por el momento, trascendió que la administración libertaria se habría comprometido a impulsar una legislación para catalogar como crímenes imprescriptibles las acciones de los grupos político-militares de izquierda.

En este marco, se conoció el comunicado de la Bordó, que no cayó bien incluso en las filas de la agrupación –considerada como la más tradicional de la familia judicial y con escasa afinidad con el progresismo o el kirchnerismo. “No me representa”, contestaron varios jueces ante la consulta de este diario.

La Bordó no está exenta de internas. La presidencia de la Asociación de Magistrados está en manos de Andrés Basso, uno de los jueces que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por la obra pública en la provincia de Santa Cruz. A diferencia de la Bordó, la Asociación de Magistrados emitió un pronunciamiento en defensa de los derechos humanos, a los que consideró “la columna vertebral de la vida en democracia, para que el Nunca Más sea un legado permanente en nuestra sociedad”.

Dentro de la judicatura miran a otros magistrados que militan en la Bordó. En particular a Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal porteña que el año pasado impulsó la investigación sobre la bomba en el edificio de Coordinación Federal que colocó Montoneros. El tribunal concedió que la dictadura no buscó justicia sino que desató una cacería, pero aún así entendió que quienes debían ser investigados eran los militantes que fueron incluidos en la denuncia. En ese expediente, la Cámara Federal le dijo a la jueza María Servini que avanzara con la indagatoria de Mario Firmenich.

Ese fallo fue recurrido. Está en la Cámara Federal de Casación Penal para ser revisado. Deberá hacerlo la Sala I, que, en este momento, está integrada por Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña. La conformación cambiará en los próximos meses. El único que permanecerá será Barroetaveña, que casualmente es uno de los referentes de la Lista Bordó. Barroetaveña es su representante en el Consejo de la Magistratura.

No son pocos los que especularon que la línea del comunicado podría replicarse en el voto de Barroetaveña sobre la bomba en Coordinación Federal para que, a tono con la prédica del Gobierno, sean los sobrevivientes de los ‘70 quienes se vean sometidos a un proceso penal. La Casación deberá decir si el atentado –contra la sede de la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) donde funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio desde antes del 24 de marzo de 1976– puede ser considerado una grave violación a los derechos humanos. 

El caso de la bomba en Coordinación Federal es un viejo caballito de batalla de quienes resisten la reapertura de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. La denuncia se presentó en 2003, después de que el Congreso declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 

Uno de los impulsores de la causa es Eduardo Emilio Kalinec, represor condenado a prisión perpetua y repudiado por su hija Analía, una de las fundadoras de Historias Desobedientes. La Cámara Federal aceptó el año pasado a Kalinec como querellante para impulsar el expediente contra los militantes de los ’70.