Ecología Social. Nación Achuar exige remediación a Petroperú

Servindi/ Resumen Latinoamericano, 11 de marzo de 2025.

El pueblo indígena denunció que la empresa no atiende la contaminación por el derrame de petróleo ocurrido en octubre de 2024.

La Nación Achuar del Pastaza señala que Petroperú incumple con los acuerdos asumidos tras el derrame de petróleo ocurrido el 3 de octubre de 2024 en el Lote 192.

Según Jacob Espinar Tserem, presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP), la empresa estatal se comprometió a brindar atención médica a las comunidades afectadas, pero hasta la fecha no cumple con esta obligación.

Espinar Tserem, dijo que se han reportado enfermedades desconocidas en las comunidades Nueva Vida, Siwin, Huagramona y Naranjal, cercanas al río Pastaza, incluyendo inflamaciones intestinales, heridas cutáneas y diarreas severas, que han afectado a niños y adultos mayores.

A la emergencia sanitaria se suma la contaminación de ríos, quebradas y cochas, fuentes esenciales de agua para los habitantes de la región.

A pesar de la gravedad de la situación, el informe preliminar de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) señaló que no había contaminación en la zona, lo que ha sido rechazado por las comunidades afectadas, que exigen una evaluación imparcial.

Por falta de respuesta del Estado, la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) solicitó apoyo al Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) para exigir medidas urgentes.

A pesar de esta crisis Petroperú ha mostrado su interés en el Lote 64 que se superpone a 12 de 22 comunidades indígenas achuar y candoshi, intención que ha sido rechazada por el GTANW y el FENAP por considerarlo un peligro para la población del río Morona.

La Nación Achuar exige una transición energética justa que permita detener la expansión de la industria petrolera y proteger el medioambiente para las futuras generaciones.

Para el GTANW la crisis ambiental y sanitaria en el territorio Achuar es un reflejo de la política extractivista del Estado peruano, que prioriza los intereses económicos sobre la vida y los derechos de los pueblos originarios.