Argentina. Persecución contra asambleístas: la denuncia que mantiene preso a un vecino que protestó contra San Jorge
Por Gabriela Valdés, El Editor Mendoza/ Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2025.
La declaración de un empresario derivó en la detención de un vecino y en causas contra asambleístas de Uspallata.
Una denuncia de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, mantiene en el calabozo a Mauricio Cornejo, comerciante y uno de los más activos asambleístas entre los Vecinos Autoconvocados de Uspallata.
No hay testigos de tal amenaza y la detención de Cornejo se produjo en medio de una intensa puja del Gobierno y los empresarios dueños del Proyecto San Jorge por imponer finalmente, tras más de 15 años, la instalación de la mina en esa villa cordillerana.
La denuncia contra Mauricio Cornejo realizada por Vera derivó en una imputación por “amenazas coactivas agravadas”. Después de denunciar a Cornejo, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros implico a otro vecino y asambleísta, Federico Soria, en la misma denuncia. No presentó testigos de las supuestas amenazas.
Según el empresario, Cornejo y Soria, lo increparon en la calle diciéndole que “se iba a tener que ir de Uspallata”. No presentó ningún testigo, según reveló a ElEditor Mendoza Alfredo Guevara, el abogado que defiende a Soria en esta causa. Además, Vera denunció, en el marco de una pelea personal, a otras dos personas que participaron de la quema de su negocio (ver más adelante).
Soria no fue detenido, pero Cornejo está preso desde el lunes en el Polo Judicial. Sus abogados han pedido que le den la libertad antes del 11 de marzo, cuando se fijó una audiencia por este caso. El mismo lunes de su detención miles de uspallatinos salieron a las calles a pedir por su libertad.
Las imputaciones contra los asambleístas
Cornejo fue imputado “por pertenecer a una agrupación para la coerción ideológica”, que según confió Guevara -defensor de Cornejo hasta este jueves- sería la Asamblea de Uspallata, y por el delito de “amenazas coactivas agravadas, por compeler a la víctima a hacer abandono de su lugar de residencia habitual y de trabajo, todo en concurso real, previsto y penado por los artículos 213 bis y artículo 149 ter punto 2, letra b del Código Penal”.
El abogado informó que Cornejo no tiene antecedentes.
El fiscal Juan Manuel Sánchez ordenó las detenciones no sólo de Cornejo sino también de Soria, tras lo cual Guevara pidió un control jurisdiccional” y recurrió la medida. Cornejo transita, además, un posoperatorio por un accidente en moto que protagonizó días atrás.
“La causa es muy inconsistente desde el punto de vista probatorio. Es la palabra de vera contra la de ellos”, se explayó el abogado.
La ausencia de pruebas y testigos de las supuestas amenazas, y la detención ocurrida en pleno avance del plan oficial por imponer la megaminería pincelan un claro cuadro de persecución política, entiende Guevara.
“Es lo mismo que ocurrió con la causa de la Tupac -recordó el abogado, quien representó años atrás a referentes de esa agrupación barrial en Mendoza denunciados en la primera gobernación de Cornejo-. Los denunciaron por asociación ilícita y tuvieron que liberarlos porque no había nada en contra de ellos”.
Otra causa en paralelo por una pelea
En paralelo a la causa contra vecinos que participaron de protestas contra San Jorge hay otra denuncia de Vera contra quienes atacaron su negocio al mismo tiempo que los asambleístas se manifestaban contra San Jorge.
Uno de esos denunciado accedió a la libertad previo pago de una fianza, pero la causa va por otro carril. Sin embargo, desde el oficialismo vinculan ambos casos y en ese marco tratan de “terroristas” y “violentos” a quienes se oponen a la minería.
El antecedente de Nora Moyano
La denuncia y judicialización de vecinos y asambleístas no es nueva en Mendoza. En diciembre de 2019, después de la llamada “pueblada del agua”, se multiplicaron las citaciones a comisarías y fiscalías.
Una de las imputadas, perseguida hasta hoy con una causa abierta, es Nora Moyano, asambleísta de Las Heras, acusada por el fiscal Juan Ticheli por “privación ilegítima de la libertad” de legisladores por manifestarse afuera de la Legislatura con otros miles de mendocinos.
A Moyao la imputaron por “privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo” según el Código Penal. Ella estuvo entre los miles de mendocinos que a fines de diciembre de 2019 llegaron de toda la provincia para manifestarse contra el derribo de la Ley 7722 impulsado por Rodolfo Suarez.
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