Argentina. La ofensiva contra los detenidos en el Congreso: Stornelli lejos de detenerse, recrudece

Por Irina Hauser, 28 de junio de 2024.

La fiscalía apeló las falta de mérito de la jueza Servini en favor de 7 de los 33 detenidos y busca impulsar la prisión preventiva. En otro planteo, pidió aumentar el embargo ordenado por el juzgado para liberar a los que aún siguen detenidos, entre ellos una persona en situación de calle. Un flyer y el insólito pedido de investigar, además, hasta a quienes se organizan para exigir el reclamo de libertad.

La ofensiva del fiscal Carlos Stornelli alineado con la ministra Patricia Bullrich para sostener que en la movilización contra la Ley Bases del 12 de junio se cometieron delitos graves en forma organizada, lejos de detenerse recrudece. Con la firma del auxiliar fiscal, Ariel Quety, la fiscalía apeló las faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini en favor de siete de los 33 detenidos que tras aquella resolución habían recuperado la libertad. La intención es que les dicten prisión preventiva. El recurso se basa en testimonios de policías, que la magistrada había considerado insuficientes y en algunos casos contradictorios, como para sostener las imputaciones. En otro planteo, Stornelli pidió aumentar el monto de los embargos que había fijado el juzgado en 500.000 pesos para las cinco personas que siguen presas. Una de ellas está en situación de calle. 

Un día antes Stornelli había pedido también la declaración testimonial de todos los agentes que tuvieron “intervención en las detenciones y secuestros durante dicha jornada en el Congreso para que presenten declaración testimonial”. Además pedía que den su testimonio los testigos de los arrestos del día de la represión. Como mostraba la resolución de Servini que otorgó 28 faltas de mérito, el operativo fue tan burdo que, por ejemplo, uno de los detenidos –que es empleado judicial– relató que cuando lo tenían dentro de un camión celular una de las policías salió a buscar testigos por ahí y volvió diciendo que no había conseguido. El acta la terminaron firmando los propios uniformados. 

Por si fuera poco, el fiscal también incluyó en sus pedidos de medidas que se investigue a quienes reclaman por la libertad de los que continúan en la cárcel. Adjuntó un flyer que dice: “Aunque sea delito igual hay que salir a luchar. Libertad a todos los presos y presas por luchar. Convocatoria. Segunda independencia”. Ni siquiera mostraba de dónde lo había sacado, si había circulado en alguna red social o fue repartido en la calle. La presentación ponía la imagen y nada más como para dejar la señal de que va por quienes salgan en defensa de los detenidos/as. Sobre este asunto y los pedidos de declaraciones de policías Servini contestó “téngase presente”. Es decir, por lo pronto no hará nada. 

Persecución

La apelación que firma Quety pide que se revoque las faltas de mérito de Sofía Ottogali, Sasha Jazmín Lyardet, Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez Oliva, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz. Es bastante evidente que a Stornelli no le agradó nada la resolución de Servini que hablaba de la “orfandad probatoria” en el expediente. De una parte de este grupo, la fiscalía había invocado el relato de un policía que decía que el inspector Jesús Lapalma los había detenido, pero éste último dijo que no había sido él. Señaló a otro policía, Agustín Boni, quien dijo que estaban todos “encapuchados” y “tiraban piedras”. Pero la jueza insistió en que “todo esto, no obstante se opone a los descargos de los imputados, a quienes no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa (máscaras, ondas, piedras, palos, etc)” y agregaba que no hay registros fílmicos. 

Para la fiscalía esto no importa y “los dichos juramentados del personal policial que llevó a cabo sus respectivas detenciones resultan suficientemente concretos y específicos” como para acusarlos. En realidad lo que hay es que uno de los agentes habla en general de gente que arroja elementos “contundentes”, como los llaman, sin la cara a la vista, y otros que dicen que solo recibieron a los detenidos. Eso no cambió. Además no importa, dice la apelación, que haya medidas pendientes como la obtención de imágenes y el análisis de celulares. 

La sala de la Cámara de Apelaciones que interviene es la II (Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun), donde terminarían estos planteos. La primera apelación de Stornelli, contra las excarcelaciones resueltas por Servini, fue planteada como abstracta por el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe frente a las faltas de mérito. Por eso, también Stornelli vuelve a la carga con lo que sea que tiene a mano. 

“Nunca en mi vida imaginé una situación como ésta y eso que no me caracterizo por optimista. Es un estado de excepción con suspensión de derechos procesales y garantías constitucionales”, señaló a Página/12 la abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), quien representa a Camila. 

“La apelación de Stornelli es sólo para sostener la arbitraria e infundada criminalización de la protesta social. La imputación no tiene pruebas ni sustento alguno. Tampoco hay riesgo procesal de fuga ni obstaculización que habilite el pedido de preventiva ni de caución real. Y tampoco se secuestró nada que sostenga la excusa del fiscal, ni siquiera en forma provisoria”, sostuvo Claudia Leaños, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), defensora de Sasha. “La libertad de los detenidos se logró por la amplia unidad de personalidades de distinto signo político y la presentación de miles de firmas. Es preciso seguir ese camino para defender las garantías y derechos democráticos atacados por este gobierno de Javier Milei, que intenta un rumbo autoritario inédito”, dijo. 

Adrián Albor, abogado de Mayorga, se sumó: “Queda claro que la Cámara tiene que confirmar la falta de mérito, el mismo fiscal reconoce que restan tomar testimoniales, examinar videos, no podemos estar solamente con las declaraciones testimoniales de los policías que incurrieron en abuso de autoridad y en detenciones ilegales y que podrían verse perjudicados cuando se descubra la verdad, no se puede tomar eso como una realidad en el siglo XXI donde tenemos la Capital Federal llena de cámaras como si fuera el gran hermano y tenemos que quedarnos con la palabra de los policías que salieron de cacería y que son los que tendrían que ser destituidos y sometidos a proceso penal”. 

Los detenidos

Todavíasiguen privados de la libertad: Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, Facundo Gómez, David Sica y Roberto María de la Cruz Gómez. Servini los procesó con prisión preventiva por intimidación pública y atentado a la autoridad en la mayoría de los casos. La primera figura es la que intenta justificar que sigan detenidos, por la posible proyección de una pena que podrá ser de cumplimiento efectivo. Sin embargo, en ningún de los casos se entiende cuáles serían los peligros procesales como para pensar que se podrían fugar o entorpecer una causa donde las pruebas están recolectadas. 

La defensa apeló ya esos procesamientos pero ahora Stornelli dice que le parece poco que les embarguen 500.000 pesos. Quiere que les impongan un monto mayor. El argumento son los supuestos daños a bienes públicos y de las fuerzas de seguridad, los gastos del operativo que informaron la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval (dijeron 130.706.982 pesos) y la gravedad de los delitos.

Stornelli insiste con su teoría de que hubo delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, incitación a la violencia, delitos contra la seguridad pública, perturbación a las sesiones legislativas –entre otros– con el posible agravante de terrorismo. Esto último es lo que instaló el gobierno de Milei: acusar a quienes se manifiestan de terroristas y describir la protesta como un intento de golpe de estado. Para dar una idea del absurdo de esto, uno de los detenidos, Sica, en situación de calle, fue capturado cuando quería caminar por Bartolomé Mitre porque se dirigía a un lugar donde suelen darle de comer.