Cuba. Mano dura a la corrupción

Resumen Latinoamericano, 30 de marzo de 2024.

El jefe de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel encabeza la cruzada contra la corrupción en la isla.

La política de “tolerancia cero” y de lucha directa contra la corrupción asesta duros golpes a cadenas delictivas responsables del desabastecimiento de alimentos para la población.

Las autoridades y el pueblo cubano protagonizan una cruzada contra la corrupción y en las últimas semanas han detectado más de una decena de cadenas delictivas implicadas en la apropiación ilegal de bienes del Estado destinados a la población.

La política de “tolerancia cero” y acción conjunta contra la corrupción está incluida en las Proyecciones del Gobierno durante el 2024.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, durante el cierre de las sesiones legislativas de 2023, resaltó que el plan de acción para “corregir profundas distorsiones y desviaciones estructurales que lastran el desempeño económico es palabra de orden para remontar la complejísima situación que enfrentamos hoy por los impactos combinados del cerco norteamericano, la crisis en las relaciones económicas internacionales y nuestros propios errores”.

A tono con tales directivas, la Contraloría General de la República (CGR) junto con la Fiscalía General de la República (FGR) develaron varias redes de corrupción implicadas en el desvío de dinero, materias primas y mercancías destinadas por el Estado a la alimentación de la población.

Corrupción en el abastecimiento de alimentos

Las estructuras ilegales de empresas estatales municipales de Comercio y Gastronomía, encargadas de la distribución y comercialización de bienes y servicios; provocaron el desabastecimiento de productos claves como arroz, harina y aceite.

René Rosell Torres, contralor asesor de la Contralora General de la República, informó a la televisión cubana que, como resultado de las pesquisas, se comprobó el funcionamiento de 11 cadenas delictivas en las cuales estaban involucrados, con distintos grados de responsabilidad, funcionarios de hasta seis estamentos de la administración estatal.

Además de las medidas administrativas correspondientes, hasta el momento se han impuesto sanciones de entre dos y 22 años de privación de libertad, se aplicaron 383 medidas disciplinares y se llevaron a juicio a 203 acusados por delitos de malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de sellos oficiales, detalló el periódico oficial Granma.

Causas y condiciones

Entre las causas y condiciones que habilitaron el establecimiento de este tipo de conductas ilegales, la CGR señala la superficialidad y carencia de investigaciones en el proceso de selección de quienes ocupan puestos claves, lo cual se relaciona con ineficiencias en el proceso de evaluación de los directivos, además de “la falta de delimitación y actualización de funciones y atribuciones”.

A su vez, el organismo realiza un llamado de atención sobre la “negligencia en la custodia de los recursos materiales y financieros”, relacionadas con los procesos de contratación, compras, pagos, distribución, ventas y depósito del efectivo, en lo cual incide el inadecuado diseño y aplicación del sistema de control interno.

Según el máximo órgano de control de Cuba, estas situaciones propician brechas en los procedimientos de control internos, que son utilizadas por funcionarios para beneficiarse de manera ilegal y que perjudican los procesos comerciales, de abastecimiento, de ventas y de depósitos de ingresos.

Caiga quien caiga

El último 2 de febrero se dio a conocer la separación del cargo de viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación a Alejandro Gil Fernández, luego de “una rigurosa investigación” que determinó “graves errores” del funcionario al frente de la cartera.

Según detalló el presidente de Cuba, en comunicado oficial, desde el inicio de las actuaciones en su contra, el exministro reconoció “graves imputaciones y en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular”.

“Mientras más elevado sea el nivel de confianza depositada en un cuadro, mayor será el rigor e intransigencia con que se actúe ante hechos de esta naturaleza”, subrayó el jefe de Estado.

La lucha es “codo a codo”

Entretanto, el llamado de las autoridades es a profundizar el combate directo contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, lo cual incluye eficiencia en las auditorías, endurecimiento de las penas contra evasores y la convocatoria a la población de la isla para ejercer control ciudadano.

El miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, convocó a la ciudadanía de Cuba a ser protagonistas del control popular para garantizar la transparencia. I Foto: Presidencia y Gobierno de Cuba

En consecuencia, el último 25 de marzo, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, convocó a las fuerzas del Estado a trabajar “codo a codo” junto a la comunidad, “desde la exigencia y el control”, garantizando la transparencia.  

“Hasta que nosotros no cerremos filas desde las fábricas, el almacén, desde la exigencia de los dirigentes a todos los niveles, hasta que no eliminemos la blandenguería ante las cosas que pasan y no se hagan los análisis profundos, no se indague en las causas y condiciones, no se cerrarán esas puertas que son las que dan entrada a que ocurran todas estas cosas desagradables a la población, y no vamos a tener los resultados con toda la integralidad que demanda este fenómeno, que es de seguridad nacional”, sentenció el primer ministro de Cuba.

Fuente: Telesur