Guatemala. Semilla desconfía de una posible manipulación de los documentos que secuestró la FECI de su sede

Por Paola Albani, Resumen Latinoamericano, 27 de julio de 2023.

Abogado de Semilla dice que la diligencia fue innecesaria porque estaban colaborando con el MP.  A los integrantes del partido les preocupa la posibilidad de que la fiscalía y el juez séptimo penal, Fredy Orellana, intenten implantar, manipular o perder las pruebas secuestradas que les ayudarían a defenderse de la suspensión de la personalidad jurídica del partido.

El Movimiento Semilla desconfía de las intenciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) tras los allanamientos realizados en el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en la sede del partido en las últimas semanas.

Les preocupa la posibilidad de que la fiscalía y el juez séptimo penal, Fredy Orellana, intenten implantar, manipular o perder las pruebas secuestradas que les ayudarían a defenderse de la suspensión de la personalidad jurídica del partido. Todo para sacarlos de la segunda vuelta presidencial.

A esto se suma que el partido lleva tres meses pidiendo acceso al expediente que justificó los allanamientos y han admitido tener miedo de que este sea declarado bajo reserva para evitar que ejerzan la defensa.

En las últimas semanas, el Ministerio Público (MP) ha estado investigando al partido por la falsificación de una firma que habría sido recolectada, en 2017, cuando la agrupación reunía apoyos de personas para afiliarlos a su base.  En 2019, una de esas personas aseguró haber sido afiliada sin su consentimiento. Ahora, la FECI señala que otras 5 mil habrían sido adheridas de forma irregular y a las cuales se les habría pagado Q7 por adherirse.

Hasta ahora, las cortes han amparado a Semilla, pero nada ha detenido la judicialización del proceso.

Por eso, un exfiscal de FECI, un abogado penalista y dos abogados de Semilla contaron cómo fue el allanamiento en la sede del partido, resaltaron algunas inconsistencias en el proceso y explicaron cómo debió hacerse.

La implantación como una posibilidad

El 21 de julio pasado, a las 11:00 horas, agentes de la policía y la FECI, a cargo de la fiscal Leonor Morales Lazo, allanaron las oficinas de la sede central de Semilla, ubicada en la zona 1 de la capital. Adentro se encontraban cinco personas del área administrativa, quienes quedaron retenidas durante las cinco horas que tardó el registro.

Hugo Bautista, quien un día antes se había unido al equipo legal del partido y fue candidato en segunda casilla por el departamento de San Marcos, dijo que fue el primero en llegar a la sede tras escuchar la noticia. La diligencia tenía entre 5 y 10 minutos de haber iniciado. Transcurrieron otros 10 minutos más hasta que la policía le permitió ingresar.

Bautista dijo que verificó la orden del juez, que también fue mostrada al encargado de la sede partidaria, pero señaló desconocer si en los minutos que le tomó ingresar, el MP explicó a los trabajadores de Semilla cuál sería el procedimiento.

De acuerdo a Oscar Colindres, abogado defensor penalista, la ley obliga al MP a explicar quién autorizó la orden de allanamiento, qué se llevarían y cómo sería el proceso. Hasta ahora, no hay testimonios que sugieran que este requisito se cumplió.

Cuando se le preguntó a Bautista, si la Dirección General de Investigación Criminal (DICRI), encargada de procesar la escena y hacer los embalajes, colocó cinta amarilla para delimitar el área de trabajo, el abogado dijo que no.

El Manual de normas y procedimientos para el procesamiento de la escena del crimen refiere que el MP debe fijar la escena en general y rodearla con la cinta amarilla de “evidencia” para delimitar el área de trabajo. Luego hacer un plan para la búsqueda de indicios y un croquis de cómo se procesará. La recolección de la evidencia y el embalaje es el inicio de la cadena de custodia y se refiere a cómo se clasifica la evidencia para asegurar su preservación y protección.

El resto de la diligencia pareció transcurrir con normalidad y el partido no notó anomalías en el proceso de embalaje, pero Bautista si dijo que la FECI “no hizo un inventario de lo que se llevaron”. “Esa es una deficiencia, que creo que fue lo que pasó en el Registro de Ciudadanos”, conjeturó.

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI quien lleva dos años en el exilio por la persecución penal del MP en su contra, coincidió con Bautista en que no se hizo un inventario y explicó que cuando el MP secuestra evidencia debe crear un documento en donde enliste la información obtenida para saber su procedencia. Sin esto, podría darse un caso de infiltración de documentación, advirtió.

Sandoval también señaló que, en lo que se pudo observar de los allanamientos, a través de los medios de comunicación, notó desorden en el proceso. No solo la fiscalía no parecía tener claro qué documentación secuestrar y, por tanto, secuestraron todo lo referente a Semilla, sino que lo hicieron “a lo loco”.

Mientras esto ocurría, afuera de la sede, Andrea Reyes, abogada y diputada electa del partido, y Juan Guerrero Garnica, fiscal de Semilla, exteriorizaron su preocupación por la posibilidad de una implantación de evidencia.

Esta preocupación no es infundada. Sobre todo porque ha sido un precedente en casos como en el de la exfiscal Virginia Laparra, quien fue sentenciada en diciembre del año pasado a cuatro años de prisión, o como el de la exfiscal Samari Gómez “a quien le implantaron un medio probatorio prohibido”, indicó el exfiscal de FECI.

“Todo lo que nos han pedido ya lo tienen. Es un acto de intimidación, nos han negado nuestro derecho a ejercer la defensa”, indicó Reyes a los medios.

La naturaleza de estos allanamientos ha sido considerada por Semilla y por Sandoval como ilegal ya que fue ordenada por un juez cuando las cortes habían amparado provisionalmente al partido. Además, la Ley Electoral y de Partidos Políticos detalla que ninguna agrupación podrá ser cancelada durante el proceso electoral.

De acuerdo a información en redes sociales, la orden de allanamiento a la sede de Semilla fue autorizada desde el 12 de julio, con el objetivo de buscar información del diputado Samuel Pérez, Alberto Sánchez y otras personas más, pero esta no fue ejecutada sino hasta el 21 de julio.

Prensa Comunitaria consultó al Departamento de Comunicación y a Sergio Antillón, de la oficina de Organizaciones Políticas del TSE, para conocer cuántos partidos actualmente están siendo investigados por cuestionamientos en las firmas de afiliación, pero no se obtuvo una respuesta.

El proceso de la cadena de custodia

Cuando se realiza un allanamiento, registro y secuestro de información, la Fiscalía debe presentarse ante el juez con un documento, que Colindres llamó “línea de tiempo”, donde está registrada la información requerida, la autorización judicial y el inventario de lo secuestrado.

“El oficio de lo requerido tiene que coincidir con el oficio de lo que se logró secuestrar”, enfatizó Colindres.

En esa audiencia, el juez es el encargado de validar las pruebas secuestradas para su posterior procesamiento. Si los abogados de la defensa detectaron que hubo un fallo en la diligencia es durante esa audiencia que deben exponerlo, pero será hasta que se tenga el informe final, en la audiencia de primera declaración, que se podrá establecer si existieron vicios o no en el allanamiento, registro y secuestro, dijo el abogado penalista.

Pero los abogados de Semilla dijeron que no fueron convocados a la audiencia y, hasta el momento, tampoco han recibido un citatorio.

Los vicios en la cadena de custodia, según la tesis de Norma Martínez, de 2013, podrían incidir en “la sustitución, destrucción, adulteración, contaminación de la estructura física de la evidencia material, por ende, se estaría en presencia de prueba ilegítima”.

Algunos es esos vicios van desde bolsas parcialmente cerradas, descripciones erróneas, la falta de nombre, firma o sello de la persona que levantó la evidencia, hasta no documentar en el sitio una descripción detallada de las evidencias forenses, ubicación, lugar, hora, y a dónde se envía.

Después del allanamiento en la sede, algunos ciudadanos se percataron que un técnico de la escena del crimen del MP grabó a los manifestantes y a la prensa. Lo que incrementó la desconfianza en la diligencia.

Un oficio con plazo de dos horas

Al inicio del allanamiento en la sede de Semilla, el MP presentó un oficio firmado por el juez Orellana en donde daba dos horas al partido para presentar dos documentos sobre la adhesión de personas o incurrirían en el delito de obstrucción a la justicia.

Guerrero Garnica dijo que Bautista pidió que la fiscalía anotara una protesta en el acta de la diligencia, pues “era materialmente imposible cumplir con ese plazo porque las oficinas del partido estaban siendo allanadas y no podrían acceder a los documentos”.

Sin embargo, el abogado Colindres añadió que le correspondía al partido responder por escrito la justificación por la que no podrían cumplir con la orden del juez, algo que Bautista dijo que no hicieron.

Por otro lado, Guerrero Garnica confirmó, el 25 de julio, que la FECI y el juez Orellana estaban detrás de un contrato administrativo que Semilla suscribió con una persona para llevar las hojas de adhesión (afiliación) y el libro de control de las hojas de adhesión. Copias que habrían presentado en marzo pasado ante la fiscalía.

También aceptaron que saben quién es el denunciante. No dieron su nombre, pero sí dijeron que es un concejal del partido Unionista.

“Cuando presentó la denuncia y se le hizo el peritaje, se estableció que no era su firma la que aparecía en la hoja de adhesión. Por eso, Semilla denunció a la persona que tenía la hoja de adhesión a su cargo”, refirió.

El 19 de julio, el juez Orellana tomó la declaración del testigo, bajo reserva. Semilla lo recusó, pero este rechazó la recusación y continua conociendo el caso.

Fuente: Prensa Comunitaria